Participa denuncia que detrás del desahucio de Valdezorras hay responsabilidad de Urbanismo que ha expropiado los terrenos para la SE20

Esta mañana se ha ejecutado el desahucio de 3 viviendas con 15 personas en Valdezorras, carretera de Brenes, y el gobierno municipal aún no ha dado una solución habitacional a las familias incumpliendo la promesa de darles 15 días de un piso tutelado para dos familias con menores. Participa denuncia que el Ayuntamiento conocía el caso de hace tiempo, que se están saltando los protocolos antidesahucios decididos por el mismo gobierno y que actúan sin planificación de forma chapucera sin asumir dar solución a la emergencia habitacional.  

Participa denuncia que el triple desahucio ejecutado esta mañana de 3 viviendas con 15 personas que vivían en unas casas bajas alquiladas en Valdezorras tras el dictamen de un juzgado de Sevilla, es responsabilidad del gobierno de Juan Espadas, de la Delegación de Servicios Sociales de Juan Antonio Flores y de la delegación de Hábitat Urbano del concejal Antonio Muñoz ya que conocían el caso de hace tiempo, el dueño y las propias familias lo pusieron en conocimiento del Ayuntamiento, no han puesto en marcha el plan de medidas de urgencia anti desahucios por parte del Ayuntamiento, y ni la Oficina de la vivienda de EMVISESA ni Servicios sociales después de varias reuniones aportan solución alguna. Además, la gerencia de Urbanismo ha sido quien ha expropiado los terrenos para la construcción del enlace de la Ronda Supernorte con el acceso de la SE-20, donde se encuentran las casas en Valdezorras en la carretera de Brenes SE8008, un lugar que anteriormente fue un centro de rehabilitación de alcohólicos y que luego el dueño lo reformó parcialmente para hacer casas individuales pero sin regularizar su uso como vivienda, por lo que no tenían luz. Estos terrenos se han expropiado por parte de la gerencia de Urbanismo para poner en marcha la construcción de enlace de la SE-20 a un nuevo centro comercial que iba ser IKEA en principio pero que luego ha rechazado, aunque lo planes siguen vigentes.

Cristina Honorato, concejala de Participa, ha estado presente en el desahucio tratando de mediar y denuncia que aún el Ayuntamiento no ha previsto soluciones habitacionales permanentes y ni siquiera los 15 días de una vivienda tutelada que les ofrecieron a primera hora servicios sociales a dos familias con hijos menores. A una familia les han enviado a un hostal y la otra se queda en la calle porque no se permiten animales de compañía en la habitación y la familia se niega a abandonarlo. Las restantes personas se encuentran en la calle. “Estamos ya muy cansadas de repetir y repetir lo mismo en cada desahucio. Es muy frustrante. A estas familias hay que darles una solución habitacional permanente como a cualquier persona de esta ciudad porque es un derecho que tiene las personas a una vivienda digna, no una gracia concedida. Esto es lo que se comprometió el PSOE y el alcalde en el acuerdo de investidura o en el Pleno de Medidas de Emergencia de la Vivienda.” Para Cristina Honorato la solución debe producirse antes del desalojo, y “en este caso volvemos a comprobar que los protocolos anti desahucio a los que se comprometieron no los ponen en marcha, no funciona el protocolo de los juzgados sobre desahucios, y aún así este caso sí lo conocen desde el ayuntamiento pero todavía no hay nada en firme”.

 

Responsabilidad de Urbanismo

Para la concejala de Participa, Cristina Honorato, en este caso queda patente cómo la administración es complaciente con el especulador y sin embargo, con las personas inquilinas se desentiende de su problema como si no le concerniera, siendo responsable de la expropiación de los terrenos. “En este caso creemos que no sólo hay una dejación defunciones de la administración porque en Urbanismo sabían que había unas viviendas habitadas que se estaban alquilando sin la correspondiente cédula de habitabilidad, permitiendo que el dueño cobrara un alquiler no regularizado con Hacienda, incumpliendo sistemáticamente con su deber de mantenimiento, sino que es responsable directo porque han expropiado los terrenos como parte del proyecto de construcción del acceso de la carretera SE-20 de San Nicolás Oeste y no han previsto qué pasaba con las personas que habitaban estas casas más allá de que le dueño las desahuciara. Este caso le concierne totalmente al Ayuntamiento, no puede ahora desentenderse de estas personas como si fuera un caso privado”, argumenta Cristina Honorato.

Además, Cristina Honorato anuncia que Participa va a estudiar en profundidad el expediente porque ve indicios de irregularidad en este caso con la expropiación de los terrenos. “Vamos a estudiar el expediente del caso y si encontramos algo fraudulento lo vamos a denunciar. Exigimos al alcalde y al gobierno del PSOE que en sus actuaciones debe priorizar los derechos sociales a una vivienda digna frente a otro tipo de intereses económicos y no mirar para otro lado”, afirma Cristina Honorato.

El dueño de estos terrenos llevó a juicio a las familias cuando éstas habían puesto una reclamación en los juzgados para que el dueño les arreglara las viviendas ya que no tenían agua ni luz, no hacía reforma alguna de la infraestructura y vivían en condiciones precarias. “No se puede permitir que este señor que se ha lucrado con las viviendas estafando a las familias, se salga ahora de rositas cuando ha estado defraudando a Hacienda y a la administración, incumpliendo las normas y sean sólo las familias las que paguen el pato quedándose en la calle”, denuncia la concejala de Participa.

Para la concejala de Participa este caso denota que no hay voluntad por parte del gobierno municipal para atajar el grave problema de la vivienda en Sevilla. “No hay voluntad real por parte de este gobierno de enfrentar el problema disponiendo de mayor parque público de vivienda, poniendo los medios. Se dicen ser progresistas y cumplidores de la Ley pero aquí tenemos un caso clarísimo de cómo las instituciones sirven a los poderosos, les permiten incumplir la ley, pero sin embargo no mueven un dedo por familias pobres y sin recursos. Denotan su carácter clasista, esto es un pobrericidio”

La formación verde morada se pregunta qué hay de esa proclama del gobierno municipal de “Queremos una Sevilla libre de desahucios” en una ciudad donde hay casi 4 deshaucios al día, en la que se produjeron 1.841 procesos judiciales en 2017, un  20% más que el año anterior, y donde la semana pasada el INE volvía a ratificar que los 3 barrios más pobres del Estado Español están en Sevilla.