Participa trasladará al pleno el debate silenciado sobre el acuerdo económico transnacional CETA

De nuevo, la formación verde morada traslada al pleno una moción para que el consistorio se posicione ante un tratado económico que provocará pérdidas de derechos laborales, democráticos, judiciales y medio ambientales. Además, propone al Gobierno de Rajoy que la ratificación o no de este Tratado sea a través de un referéndum popular.

En el último pleno municipal, PP, PSOE y Ciudadanos se aliaron para impedir que se debatiera esta moción sobre el tratado económico entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), muy similar al que actualmente se encuentra paralizado entre EEUU y la UE, TTIP.  “Si PSOE y Ciudadanos entonces mostraron su oposición en Sevilla al TTIP, ¿por qué ahora se negaron a debatir sobre este tratado que es prácticamente igual?”, se ha preguntado Susana Serrano, portavoz de Participa Sevilla.

Esta moción es una propuesta de la Plataforma Sevilla contra el TTIP, que está conformada por CC.OO, UGT, CGT, FACUA, USTEA, FEMPES, Asociaciones de Vecinos, RANA, Mujeres de Negro, Ecologistas en Acción, EQUO, PC, Podemos, IU, Participa Sevilla, ASONGD, CUT, Asamblea de Andalucía, Solidaridad Internacional, APDHA, Iniciativa Cambio Personal, Entrepueblos y PACD.

Con esta propuesta al pleno se pretende denunciar el oscurantismo y la falta de información que existe alrededor de los tratados económicos que firma la Unión Europea. Según se recoge en la moción, se exige al Ayuntamiento de Sevilla que rechace completamente el CETA, así como el resto de tratados comerciales internacionales que la UE está negociando ahora mismo como TTIP o TISA. Además, se apuesta porque Sevilla inste al gobierno del Estado español para que la ratificación del CETA en el Estado español sea mediante un referéndum en el que participe toda la ciudadanía, no sólo mediante un decreto del Gobierno o de una votación en el Congreso de los Diputados.

“Una situación que sabemos que va a ser muy difícil, ya que recientemente en el Congreso de los Diputados, la mayoría apostó por evitar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su contenido”, ha reconocido Serrano, que también ha recordado como el pasado jueves solo Auxiliadora Honorato (Unidos Podemos) participó en un debate en Sevilla sobre este tratado en el que estaban invitados todos los grupos políticos con representación en el Congreso, es decir, PP, PSOE y Ciudadanos.

Esta consulta al Constitucional se centraba especialmente en la inconstitucionalidad de los nuevos tribunales de arbitraje. “Especialmente preocupante son los tribunales de arbitraje que constituyen un mecanismo que pueden utilizar las empresas privadas cuando consideren que se ha vulnerado su capacidad de obtener mayores beneficios económicos, ya que establecen un sistema de justicia paralelo para las grandes empresas y, sobre todo, la creación de un supuesto derecho de éstas al enriquecimiento ilimitado”, como recoge la moción y se ha podido comprobar en el proyecto Castor o como España fue el país más demandado en 2015 por inversores extranjeros ante cortes de arbitraje, como más de 700 demandas.

En este sentido, Serrano ha recordado que la reticencia de algunos parlamentos europeos a aprobar estos tribunales de arbitraje va a retrasar la aprobación definitiva del CETA durante años. “Como se advierte desde la plataforma sevillana cada vez las decisiones que nos afectan en nuestro día a día en Sevilla se toman desde lugares más lejanos y con menor transparencia”, según la edil de Participa Sevilla.

Para concluir, desde Participa recogen que este tratado supone, según se explica en la moción, “una reconfiguración de todo un conjunto de normas de tipo social, jurídico, laboral y medioambiental que regulan la actividad empresarial. El verdadero objetivo es facilitar el enriquecimiento privado de las multinacionales con sede en la Unión Europea y en Canadá (donde hay 41.000 empresas estadounidenses registradas) y para ello se modifican y relajan todos los tipos de regulación que, para mejorar la calidad de vida de la mayoría, pone límites a la libre actuación de la empresa. “Es una especie de una constitución de los derechos de las empresas, que estará por encima de los derechos de las personas”, ha manifestado para concluir Serrano.