Serrano acusa al PSOE de eliminar controles medioambientales y de generar inseguridad jurídica a las personas emprendedoras

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La portavoz de Participa, Susana Serrano, alerta de que “el Gobierno municipal está matando el debate político en torno a un tema tan sensible como la compatibilidad entre la seguridad medioambiental de la ciudadanía y la seguridad jurídica del tejido económico sevillano” por la falta de diálogo que está demostrando con la gestión de la Ordenanza de Obras y Actividades (OROA)

La portavoz de Participa, Susana Serrano, ha calificado de “chapuza” la gestión que el Gobierno municipal está haciendo del proceso de aprobación de la nueva Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA), que ha sido aprobada hoy con los votos a favor de PSOE, PP y C’s, y los votos en contra de Participa e IU. Serrano ha criticado, por un lado, “las formas” del Gobierno municipal en este procedimiento: “a puerta cerrada y sin contar ni con los demás grupos municipales ni con gran parte de los actores sociales implicados”. La portavoz recuerda que “Participa presentó una serie de alegaciones a la OROA”, que han sido tramitadas y contestadas por los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo , “evitando todo el debate de fondo sobre las problemáticas existentes en la ciudad en torno a las licencias de obras y actividades de las personas emprendedoras”.

Por otro lado, Serrano ha explicado que la concesión de licencias sufre un “atasco” debido a la falta de personal en la Delegación de Medio Ambiente, como ya pudo comprobar este grupo municipal en su visita a los este servicio. El proceso por el que actualmente se conceden las licencias de actividad empieza por una ventanilla única, pero “internamente, a nivel de burocracia, el proceso se divide en dos: por un lado la Gerencia de Urbanismo se encarga de parte de la aprobación de las obras y, por otra, la Delegación de Medio Ambiente de las actividades”. En esta última “es donde se encuentra el atasco porque hay una falta notoria de personal”, denuncia Serrano.

Para aligerar ese colapso, “el Gobierno está optando por vaciar la normativa y por excluir actividades de sus competencias”, explica la portavoz. Y añade que “muchas actividades que generan molestias y afecciones ambientales, como antenas de telecomunicaciones o actividades en medios de transporte en movimiento, han dejado de estar reguladas, y otras muchas pasarán a estarlo simplemente por una declaración responsable, lo que obligaría a un control posterior que tampoco se realiza por falta de medios”.  Este grupo también critica la falta de consenso y la inseguridad jurídica que la modificación del procedimiento de calificación ambiental puede generar. Estos controles sobre la adecuación o no a la normativa medioambiental de una actividad en lugar de hacerse sobre el proyecto, se llevarían a cabo una vez la obra estuviera acabada, “en el caso de que se hagan”, puntualiza Serrano. Este teórico control posterior “haría que, por ejemplo, si un hostelero ha puesto una salida de humos en el lugar que no corresponde y ha hecho una inversión de miles de euros para abrir su negocio, el Ayuntamiento llegue después y le haga tirar las obras para adecuarlas a la normativa”, alerta Serrano; y señala que “con un control previo el emprendedor no tendría que invertir en vano”.

La realidad de la falta de personal en la Delegación municipal de Medio Ambiente hace que dichos controles ni siquiera se estén haciendo porque no hay funcionarios suficientes; una situación que genera “una importante inseguridad jurídica para la ciudadanía, una incertidumbre innecesaria para los emprendedores y un maltrato injustificado al tejido económico de la ciudad”, critica la portavoz. La solución, según la portavoz de Participa, “pasa por reforzar los recursos humanos de Medio Ambiente, en lugar de eliminar controles medioambientales”.